La consulta previa es una conquista histórica de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, consagrada en el Convenio 169 de la OIT, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 21 de 1991, y respaldada por la Constitución Política de 1991. Su propósito es garantizar la participación efectiva de estas comunidades en las decisiones, proyectos y actividades susceptibles de afectarlas directamente, salvaguardando su identidad cultural, sus derechos colectivos y su integridad territorial.
A propósito de la consulta previa
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