La Defensoría del Pueblo alertó este martes de que tres meses después del terremoto de magnitud 7,4 que devastó el noroccidente de Colombia aún persisten barreras para garantizar los derechos de las comunidades afectadas, mientras que la reconstrucción enfrenta un déficit de financiación de unos 13.000 millones de dólares.
Defensoría pide avanzar hacia soluciones sostenibles que garanticen el restablecimiento de los derechos de los afectados por el terremoto
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