Un estatuto antiterrorista debe ser prioridad para Colombia. Tras décadas de terror, narcotráfico y violencia, el país no puede resignarse a convivir con quienes destruyen vidas, desplazan comunidades y someten a la sociedad con las armas. ¿Hasta cuándo pagará la gente honrada la factura de quienes viven del miedo? El narcoterrorismo es un delito de lesa humanidad que exige una respuesta firme. El Estado debe combatir los cultivos ilícitos, las redes de tráfico de drogas y las estructuras que las protegen, sin pactar con la impunidad ni abandonar a las comunidades atrapadas entre los violentos. No bastan anuncios ni cifras: hay que recuperar el territorio, proteger a la población y llevar ante la justicia a quienes financian y ejecutan estos crímenes. También desde oficinas, alcaldías y despachos se condena a la gente al abandono. Cuando se saquean recursos destinados a hospitales, medicamentos, alimentación y programas sociales, las consecuencias son concretas: pacientes sin tratamiento y niños con hambre, mientras algunos llenan sus bolsillos con el dinero de todos. ¿Quién responde cuando alguien muere porque no recibió un medicamento que debía estar disponible? ¿Quién da la cara cuando la plata de los más vulnerables termina en contratos amañados, favores políticos o patrimonios inexplicables? La corrupción también es un delito de lesa humanidad, porque, aunque no dispara una bala, arrebata salud, oportunidades y vida. La indiferencia institucional tampoco es inocente. Colombia necesita investigaciones serias, procesos oportunos y sanciones proporcionales. La cadena perpetua no puede plantearse como fórmula automática: debe ajustarse a la Constitución y a los compromisos internacionales. Lo urgente es que la justicia actúe sin dilaciones injustificadas, valore las pruebas con rigor y no permita que influencias, amenazas o dinero compren impunidad. La mano dura no significa saltarse la ley, sino aplicarla sin privilegios. No podemos exigir castigo para el delincuente de la esquina y tolerancia para el funcionario que desvía millones. Tampoco convertir una denuncia en condena anticipada: quien sea señalado debe ser investigado y, si se demuestra su responsabilidad, sancionado con todo el peso de la ley. ¡Paguen! La patria no necesita más indignación de campaña. Necesita instituciones incorruptibles, jueces independientes y autoridades que no se arrodillen ante el poder. Cuando la justicia titubea frente a los poderosos, el mensaje es devastador: la ley castiga al débil y negocia con el fuerte. ¡Basta de impunidad! Quien siembra terror, saquea lo público o se aprovecha del hambre ajena debe responder ante la justicia. Sin privilegios, sin dilaciones y sin que apellido, cargo o chequera le compren una salida. @oscarborjasant