La corrupción moral es tan detestable como la legal. Muchas personas no la consideran de extrema gravedad porque están acostumbradas a normalizar lo incorrecto. O lo que es lo mismo, a mentir, manipular o abusar del poder, como su modus operandi en la vida pública.
En consecuencia, que nadie se equivoque ni se deje manipular por quienes ahora intentan hábilmente defender la conducta licenciosa y hasta delictiva de Gustavo Petro, en tanto cuestionan la moralidad de quienes lo denuncian. La intimidad del expresidente no es, por sí sola, un asunto de interés público. Lo que vuelve relevante la denuncia de Deicy Jiménez es que insiste en que le pagaron servicios sexuales con contratos estatales financiados con el erario.
No está de más precisar que este no es un episodio privado entre dos adultos ni un escándalo de alcoba, sino un caso de posible abuso de poder del que era el jefe del Estado, quien habría usado los recursos de la Nación, que nos pertenecen a todos, para satisfacer sus apetitos sexuales.
Más allá del contenido del video que calentó esta semana las redes y probó el vínculo entre Petro y Jiménez, las investigaciones de la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y Procuraduría intentan reconstruir hechos cada vez más truculentos sobre la existencia de una presunta red de explotación sexual pagada con fondos estatales que —por lo que ha trascendido— instrumentalizaba a decenas de jóvenes mujeres vulnerables, menoscabando sus derechos.
Ahora que la exsenadora María José Pizarro se acordó de que Jiménez trabajó para ella y se conoció, vía chat, que Petro le pidió en diciembre de 2025 a la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez, que renovara su contrato en el Ministerio del Interior, es imprescindible saber quiénes hicieron parte del entramado que la recomendó, seleccionó y contrató; qué funciones cumplió, y si hubo presiones en sus vinculaciones a las entidades oficiales.
Por un lado, la entrega de su celular a la Fiscalía y, por otro, la revisión de sus procesos en el Secop, el sistema de contratación pública, servirán para contrastar cada una de sus afirmaciones.
El exmandatario se defiende y está en todo su derecho. Niega haber obtenido sexo a cambio de contratos oficiales. Y como es usual en él, invoca una conspiración en su contra en un patético intento de desplazar el foco del descrédito, la deshonra e indignidad de su conducta como servidor público. Pero, pese a sus extensas diatribas, sigue sin despejar las dudas sobre su proceder.
Petro pasó por alto que un presidente no deja de ser quien es cuando cierra la puerta de su despacho. La vida privada merece protección, pero no puede convertirse en un escudo si al final se mezclan relaciones íntimas con decisiones oficiales y dinero público. La dignidad del cargo fija barreras infranqueables. Por eso, la Constitución contempla destitución o pérdida de derechos políticos para altos dignatarios del Estado por “indignidad por mala conducta”.
La irredenta egolatría de Petro que Colombia ha conocido durante sus años de vida pública muestra su profundo desdén por ciertas personas y por algunos asuntos del Estado, aunque sea paradójico en razón de su quehacer político.
Como se cree un iluminado, no reconoce límites ni siente vergüenza cuando se trata de hacer su profana voluntad. Su ausencia de vergüenza, como cada vez es más evidente, revela un preocupante deterioro de los valores que deben caracterizar a alguien honorable, tanto en su trayectoria pública como privada.
El expresidente parece haber dejado atrás todo escrúpulo y, con ello, el respeto por las consecuencias legales de sus propios actos. Y es ahí, en ese farragoso terreno, donde surgen las conductas delictivas, cohonestadas por quienes comparten su misma visión. Se cuentan por montones los integrantes de su círculo personal y político que se habrían prestado para encubrirle o facilitarle sus reprochables excesos, fungiendo como leales cómplices: algunos se lucraban de fondos públicos y otros lo presionaban o chantajeaban para que les dejara hacer lo que les diera la gana. Tantas investigaciones por corrupción no son pura casualidad.
Cuando la ausencia de pudor se asume como algo natural es porque la vida se rige por un cinismo sin límites y una conducta carente de principios. Y esto no se refiere a moralidad, sino a legalidad. Petro y su grupo desprecian la primera y han sabido, casi todos, hacerle el quite a la segunda porque han encontrado a otros impresentables que les han allanado el camino de sus exabruptos. Sin duda han tenido suerte. La gran pregunta es: ¿hasta cuándo?
La putrefacción que emana la trama de los ‘sexocontratos’ amerita una reflexión nacional. ¿Son los límites éticos una invención ajena al poder político? O como sociedad, ¿podemos exigirle al Estado que cuente con altos dignatarios que en verdad honren la moral pública?