Entre enero y mayo de 2026, incluyendo la “socialización” —reuniones van, reuniones vienen—, el Ministerio de Salud invirtió tiempo, recursos y esfuerzos en aprobar un nuevo régimen constructivo y de seguridad para piscinas y estructuras similares: la Resolución 929 del 12 de mayo de 2026.
Mientras ese ministerio se dedicaba a las piscinas como su prioridad, el sistema de salud colapsaba. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de este año hubo cerca de 16.000 reclamaciones por el derecho a la salud.