La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que el proyecto que plantea terminar sus funciones en marzo de 2028 podría afectar los derechos de las víctimas y reactivar la vigilancia de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la respuesta judicial de Colombia frente a crímenes del conflicto armado.
La JEP cuestionó el proyecto que busca acabar con el tribunal en el 2028: “Podría comprometer los derechos de las víctimas”
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