El Congreso de la República aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 162 de 2026, una iniciativa que prohíbe el fraccionamiento injustificado de contratos de prestación de servicios en el Estado para reducir las interrupciones laborales y de pago de quienes trabajan bajo esta modalidad.
La medida alcanzaría a cerca de 501.423 personas vinculadas con entidades estatales mediante contratos de prestación de servicios, según cifras de la Contraloría.