Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, el Ministerio de Agricultura desembolsó $9.000.000.000 para auditar la ejecución de un programa de vivienda rural que debía revisar más de 12.000 subsidios, según halló la Contraloría General de la República.
El resultado expuso que menos del 1% de las viviendas prometidas fue entregado de manera satisfactoria, pero la revisión posterior del organismo de control detectó inconsistencias en los soportes presentados por el consorcio contratado.