La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Superintendencia de Subsidio Familiar por el presunto pago de un servicio de transporte en época de pandemia, cuando los funcionarios hicieron su trabajo desde casa.
De acuerdo con la procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, al parecer, el contrato pactado con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco no se ejecutó, a pesar de lo que autorizó cancelar cerca de $400 millones, lo que pudo representar un detrimento patrimonial a las finanzas públicas.