Y el secuestro casi se duplicó entre 2024 y 2025. Entre enero y mayo de este año, la Defensoría del Pueblo registró 121 ataques con drones, que dejaron 21 muertos y 145 heridos. En abril, una bomba escondida en una alcantarilla de la vía Panamericana, cerca de Cajibío, mató a 21 civiles. Eso no es delincuencia común. Es terrorismo, y el Estado necesita herramientas a la altura de la amenaza.
Sí al estatuto antiterrorista, pero bien hecho
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