Es una garantía legítima: nadie puede pasar la vida en una cárcel esperando a que el Estado decida si lo acusa o no. Lo inaceptable es que esa garantía se haya convertido en la puerta de salida de los procesados por corrupción, por culpa de la lentitud y la desidia de quienes deberían acusarlos. En abril, un tribunal de Bogotá dejó libre al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, procesado por el escándalo de la UNGRD. En mayo, salió Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, señalada de mover sobornos hacia congresistas.
Su majestad “vencimiento de términos”
Lee la nota completa en El Nuevo Día ↗