Los recientes atentados contra los peajes y la infraestructura energética del Huila representan una nueva señal de alarma sobre la situación de orden público que enfrenta el departamento. No se trata únicamente de daños materiales, vías afectadas o interrupciones en el servicio de energía. Se trata de acciones criminales que ponen en riesgo a la población, golpean la confianza ciudadana y amenazan la tranquilidad de una región que no puede acostumbrarse a vivir bajo la zozobra.
Cuando la violencia pone a prueba al Estado
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