La Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá pagar más de $2.400 millones por los perjuicios derivados de la devolución tardía de vehículos que había arrendado para garantizar esquemas de seguridad. Así lo resolvió el Consejo de Estado, que declaró el incumplimiento contractual de la entidad.
El conflicto surgió tras la terminación de un contrato de arrendamiento de automotores. El contratista pidió la restitución de los bienes, pero la UNP solicitó mantenerlos de manera temporal para asegurar la continuidad de las medidas de protección asignadas a sus beneficiarios.